El diputado nacional de la CTA, Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, sostuvo que, “el gobierno nacional presenta como un éxito rotundo la votación de la ONU que plantea limitar a los fondos buitres. Sin embargo, una mirada más seria obligaría a acotar el exitismo e incluso debería considerar algunos efectos contraproducentes que pudiera tener esta definición».
«En este sentido, es evidente que la votación del 11 de septiembre constituye un paso más (y positivo) en la estrategia gubernamental de aislar políticamente el fallo de Griesa. Más allá de esto, lo cierto es que se trata de una Resolución de la ONU que como tal no es vinculante y que, por ende, no solo no tiene efectos hacia atrás (no obliga a Griesa a nada), sino que tampoco los tiene hacia adelante. Más aún, entre quienes no acompañaron la votación, se encuentran los países sede de los principales prestamistas (Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania), por lo cual los límites prácticos de la citada decisión son mucho más evidentes.
Pero más allá de la escasa “efectividad conducente” de la tan festejada Resolución, el punto también es que los nueve principios probados tampoco son ninguna panacea revolucionaria o transformadora. El documento en cuestión dice por ejemplo que “la reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio el derecho de los acreedores”. Y agrega: “El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana…con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de una manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores”.
En el texto expuesto los acreedores tienen derechos y las naciones soberanas no. Pero además no se dice absolutamente nada sobre la “legitimidad y legalidad” de las deudas. Se parte del supuesto de que las mismas son transparentes y cristalinas cuando las experiencias existentes que fueron investigadas (Ecuador, Brasil, Grecia y Argentina en la justicia federal) demuestran todas ellas que no fueron contraídas bajo condiciones normales, sino que fueron resultado de “fraudes descomunales”. De más está decir que una de las razones por las que Griesa y los buitres pueden hoy “apretar” a la Argentina, es porque nunca se llevó a cabo una Auditoría Integral de la deuda pública que cuestionara, por ejemplo, la legitimidad de los acreedores.
Pero además de que el documento aprobado expulsa del debate lo central (la legitimidad del endeudamiento) también se abre la puerta y puede ser el puntapié inicial para discutir una “ley de quiebras internacional para los Estados”. Recordemos que este era uno de los objetivos buscados en su momento por una célebre funcionaria del FMI, Anne Krueger. Ley de quiebras que podría poner en discusión el “Principio de inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de deuda”, que es hoy un derecho de los Estados ante los tribunales extranjeros. Posiblemente quienes votaron en contra de la Resolución podrían cambiar su voto si eventualmente se incorporara junto a los nueve principios una ley de quiebras que volteara el hecho objetivo de que los Estados no pueden quebrar. Obsérvese que si esto fuese así los acreedores podrían “sindicalizarse” y negar la reestructuración apretando con la quiebra y poniendo en discusión las riquezas y los activos de las naciones endeudadas. Es bueno aclarar también que el citado y vigente “Principio de Inmunidad” solo rige si los países no renuncian a él. En Argentina desde Martínez de Hoz y la dictadura en adelante (Alfonsín, Menem, De la Rúa y Kirchner) todos renunciaron a este principio y esta es la otra razón junto al hecho de no haber cuestionado la legitimidad y legalidad de las deudas que explica que Griesa hoy pueda juzgarnos (por supuesto también explica la quiebra de la Argentina y el vaciamiento privatizador de sus activos).
En síntesis, poco para festejar y mucho para preocuparse. En el afán de aislar políticamente a Griesa, Argentina ha promovido un documento que protege el interés de los acreedores, niega la experiencia concreta de los procesos de endeudamiento con sus secuelas de ilegitimidad, fraude e legalidad, y le abre la puerta al debate sobre la “quiebra de los Estados”.
Es curioso pero el gobierno kirchnerista culmina su ciclo con una parábola muy singular: No llevó a la Asamblea General de la ONU el cuestionamiento a la deuda con el FMI, organismo dependiente de la ONU, y que había prestado dinero a la Argentina violando sus propios estatutos (tenía prohibido pagar a países en situación de fuga de capitales). Es más, decidió cancelar con reservas fruto del ajuste sobre el pueblo argentino y pagó u$10.000 millones. Y hoy recurre a la ONU para sacar una Resolución cuya letra central es proteger el interés de los acreedores y cuyo efecto práctico sobre el caso argentino es inexistente. Recordemos por un momento que el fallo de Griesa tiene dos efectos concretos en el corto plazo. Por un lado interrumpe los pagos de la Argentina a parte de sus acreedores y por otro, lógicamente, aumenta las reservas del país”.