Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, sostuvo que “durante el período macrista ingresaron, como crédito del FMI, 44.900 millones de dólares. Desde ese momento en adelante, en el marco de los acuerdos establecidos, Argentina recibió desembolsos del organismo para afrontar los vencimientos de capital y además pagó, puntualmente con fondos propios, los intereses. Pagamos unos 12.600 millones de dólares de intereses entre junio del 2018 y la actualidad. Hoy, como resultado de lo vivido, ajuste mediante, la deuda de la Argentina con el Fondo sigue siendo de 41.400 millones de dólares. Prácticamente la misma deuda que en un comienzo, solo con una pequeña reducción resultante de las modificaciones y los cambios en las relaciones entre las monedas que dan lugar al valor del DEG (moneda del FMI). Pese a haber pagado 12.600 millones de dólares, (que bueno es saber que pareciera que va a ser más o menos lo mismo que probablemente nos presten ahora), Argentina sigue debiendo lo mismo y hoy se apresta a incrementar la deuda con el organismo y a mantener la supervisión y control del FMI sobre la política económica del país. Hecho este sobre el cual pretendemos llamar la atención. El tema de fondo no fue nunca que Argentina pague, fue mantener control sobre la política económica y el rumbo general de la Argentina.
Lo sostuvimos cuando Macri tomó el crédito, lo señalamos cuando se discutía cómo afrontarlo en la gestión del Frente de Todos, y lo ratificamos ahora. El crédito tomado por Macri de manera ilegal y otorgado por Trump a través del FMI violando su Estatuto, no era un stand-by más. Por ende, no debía afrontarse como si fuese un crédito convencional.
Se trató de un crédito con un fuerte contenido geopolítico, que se otorgó durante el gobierno de Macri, pero con la clara intencionalidad de que el gobierno que siguiera, sea cual fuese, tuviera que seguir discutiendo su rumbo con el FMI y, concretamente, con los Estados Unidos.
Es un crédito geopolítico cuyo objetivo es mantener control sobre la política económica de la Argentina a efectos de evitar que los vínculos comerciales y económicos con China se profundicen. Argentina, tanto por la complementariedad comercial que tiene con China, como por las relaciones financieras o sectoriales, (energía nuclear, defensa, represas, bases, etc.) es un Estado que plantea cortocircuitos con la lógica norteamericana en la región de alinear a todo el continente en torno a su hegemonía.
Por ende, la decisión del FMI, promovida por Trump en su momento, violando los estatutos del organismo, de asignarle a la Argentina un crédito de más de 50.000 millones de dólares, fue una decisión geopolítica en línea con la nueva doctrina Monroe de, “América para los americanos (del Norte)”.
Esta nueva intervención de Trump en el organismo y el DNU de Milei, buscan perpetuar este crédito ampliándolo y por supuesto va mucho más allá de la suerte del gobierno de Javier Milei. El objetivo sigue siendo mantener encadenada a la Argentina bajo el control y la supervisión del organismo.
Es en función de esto que corresponde esgrimir las cuestiones que hacen a la ilegalidad de origen del crédito en cuestión. Ilegalidad tanto en términos de la jurisprudencia local como en lo relativo a la violación de los estatutos del FMI. Cuestión esta que no se subsana por la votación del Parlamento hecha a pedido del FMI en la etapa de Alberto Fernández. Ninguna sanción parlamentaria subsana un delito.
A estas ilegalidades se agrega ahora la decisión de Milei de pretender aprobar por DNU un nuevo acuerdo con el organismo. Acuerdo que implica más deuda, más ajuste, y lo central: control estricto del FMI, (y de los Estados Unidos), sobre la política económica de la Argentina, tanto si la suerte electoral de Milei es favorable como si deja de serlo.
Por esta razón, desde Unidad Popular, expresamos nuestro más absoluto rechazo a que el Parlamento valide el DNU propuesto por el gobierno nacional, y que repita, en condiciones aún peores, el triste papel que realizara al validar la estafa macrista durante el período de Alberto Fernández.
Ratificamos también que lo que está aconteciendo en materia de deuda y relación con el Organismo, plantea que cualquier intento de un gobierno popular que pretenda defender los derechos del pueblo, deberá desconocer este endeudamiento de carácter ilegal y señalar la más absoluta corresponsabilidad del Fondo en la deuda de la Argentina.
El FMI no es solución, es parte del problema. Las deudas se pagan, las estafas no.
