Por Claudio Lozano
El fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska planteando que el Estado argentino debe ceder el 51% de las acciones de YPF es absolutamente inaceptable al tiempo que carece de todo sustento y valor jurídico. Exigir el respeto del Estatuto de una compañía por encima de lo que establece la Constitución Nacional y la expresa autorización por Ley, del Congreso de la Nación respecto a la expropiación de YPF, es sencillamente un disparate. Máxime si tal Estatuto fue hecho a medida de los intereses privatistas que consumaron la venta de la petrolera estatal en el período menemista. Ahora bien: ¿por qué estamos discutiendo algo que debiera ser rechazado de plano?. Sólo puede entenderse en el marco del proyecto en curso desde el gobierno argentino, y el momento político que atravesamos vinculado a las elecciones legislativas de este año y puntualmente a las correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Expliquemos cada punto.
a) El proyecto gubernamental en curso, y los intereses que lo sostienen, pretende avanzar en el saqueo de nuestros recursos. Y en ese objetivo ha sido expreso desde un comienzo la intención de reprivatizar YPF. Obviamente tomar de manera completa y sin restricciones el control sobre Vaca Muerta es el motor de este objetivo. La privatización de YPF estuvo en la primera lista de empresas a privatizar que se presentó, tanto en el decreto 70/23, así como en la originalmente denominada Ley Ómnibus. Pero incluso desde un primer momento, al designar el gabinete, se nombró a un funcionario del Grupo Techint al frente de la empresa. Funcionario que conducía la firma petrolera del Grupo (Tecpetrol), con particular inserción en Vaca Muerta. Es decir, se privatizó la conducción de YPF. Y como si esto fuese poco, nombraron en la Secretaría de Energía a otro funcionario del grupo Techint. Es decir, es clara la decisión de reprivatizar YPF y garantizar el control de Vaca Muerta por las corporaciones privadas para consolidar la política de saqueo.
b) En el marco de las elecciones de medio término y de las próximas elecciones de la Prov. de Bs. As, el objetivo es disciplinar el sistema político y descabezar a la oposición política en la Provincia de Bs As. Por eso, aunque parezca maquiavélico, es difícil no asociar esta sucesión de hechos.
c) Campaña de la Cámara de Empresas Norteamericanas Am Cham para lograr la aprobación de la Ficha Limpia en el Parlamento para impedir la participación electoral de Cristina Fernández de Kirchner.
d) Prohibición por Trump del ingreso de la ex presidenta al país del norte en razón de las causas de corrupción que la involucran.
e) Fallo de la Corte concretando la prisión de Cristina y su Proscripción en la tercera sección de la provincia de Bs. As.
f) Fallo que pretende obligar al Estado Argentino a compensar al fondo buitre Burford con la friolera de 16.000 millones de dólares y la cesión del 51% de las acciones de YPF. Cargo justificado por los supuestos errores cometidos en la expropiación por parte del entonces Ministro Axel Kicillof. Razón esta que alimenta la campaña de agresión y desprestigio del otro referente de la oposición en la Prov. de Bs. As.. El Saqueo y el disciplinamiento del sistema político descabezando la oposición en la provincia de Buenos Aires son las claves que explican la relevancia que se le ha otorgado a este fallo descabellado. Por cierto, y más allá de las afirmaciones gubernamentales de que apelarían el fallo, lo cierto es que estamos «durmiendo con el enemigo». Por tanto, más allá de cualquier apelación, las declaraciones públicas del presidente de la Nación no hacen más que darle la razón a la jueza norteamericana. Por las razones expuestas es obvio que todas las fuerzas populares deben conformar un gran Frente que rechace de plano el fallo. Están en juego la soberanía sobre nuestros recursos y un nuevo intento de disciplinar el sistema político para que se transforme en una farsa institucional que garantice el saqueo y la desigualdad. No obstante, hay algunas cuestiones que desde una propuesta popular deben señalarse.
g) La evidente intención de los tribunales norteamericanos de ampliar su jurisdicción más allá de sus fronteras y sobre otros territorios, debería dejarnos en claro que es hora de asumir con claridad que no habrá política soberana que pueda sostenerse si no se abandona esa decisión tomada en 1976 por Martínez de Hoz, y nunca abandonada, que supone propiciar lo que se denomina «Prórroga de Jurisdicción», permitiendo que se juzgue al Estado argentino fuera de sus fronteras sin poder interponer su inmunidad soberana.
h) Si estamos discutiendo un fallo como este, es por algo. No tiene nada que ver con la decisión de expropiar ni con el procedimiento que se utilizó. Por ende en nada puede involucrarse a Axel Kicillof respecto a lo que ocurre. Pero sí debe señalarse que, previo a la expropiación, hubo otra estrategia desarrollada por el gobierno kirchnerista sobre la petrolera que se denominó «La Argentinización de YPF». Nombre asociado que remitía a la decisión de promover la incorporación de empresarios nacionales en YPF. Así se autorizó que el grupo Eskenazy comprara con un crédito garantizado por las propias acciones de YPF que el adquiría, el 25% del paquete accionario, con la posibilidad de repagar el crédito con los dividendos de la misma empresa que el grupo cobrara. Hecho este que llevó al vaciamiento de la petrolera por el modo en que los dividendos absorbían la totalidad de las utilidades impidiendo que YPF recuperase su proceso de inversión.
Situación ésta que no hacía más que profundizar la desinversión y el saqueo que Repsol había realizado desde el comienzo de la privatización. En este marco, con Eskenazy dueño del 25% del paquete accionario, la expropiación y reconducción de la petrolera pone fin a la posibilidad que tenía Eskenazy de seguir pagando el crédito. Marco éste en que Eskenazy se desprende de sus acciones vendiendo al fondo buitre Burford los derechos sobre YPF, razón por la cual, puede hoy estar demandando al Estado argentino. Sin prórroga de Jurisdicción y pérdida de soberanía jurídica, y sin el negociado de la Argentinización de YPF, hoy no existiría este fallo. En realidad, la expropiación fue la mejor decisión en ese momento. De lo contrario, hoy Vaca Muerta estaría bajo exclusivo control privado. Y ese es el objetivo que hoy siguen buscando. Por eso, hay que frenarlos.