Posicionamiento de Unidad Popular, La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad
La reciente directiva emitida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad para que exijan la limpieza inmediata y sancionen a quienes “remuevan basura de los contenedores y ensucien nuestra ciudad”. Esto representa un retroceso inhumano y contraproducente en las políticas de inclusión social que la propia ciudad ha promovido durante años. Esta medida no busca solucionar el problema de fondo, sino que criminaliza la pobreza y estigmatiza a las poblaciones más vulnerables.
Una Afrenta a los Derechos Humanos Fundamentales
En primer lugar, la directiva atenta directamente contra el derecho al trabajo y al sustento digno. Para miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires, la recolección de residuos reciclables, conocidos como “cartoneros” o “recuperadores urbanos” no es un acto de “vandalismo”, sino una actividad de subsistencia legítima y, de hecho, legalmente reconocida.
La Ley CABA Nº 992 (2002) declaró los servicios de higiene urbana como servicio público e incorporó a los recuperadores urbanos al sistema formal de recolección diferenciada, creando un registro y previendo su inclusión y formalización. La Ley “Basura Cero” (Ley CABA Nº 1.854 de 2005) consolidó aún más este rol, garantizando su prioridad e inclusión en el proceso de reciclaje. Penalizar a estas personas por realizar la actividad de la cual viven, especialmente en un contexto de grave crisis económica y social, donde la pobreza roza el 40% y familias enteras buscan alimentos en la basura, es una violación flagrante de sus derechos fundamentales. El gobierno criminaliza una actividad regulada por ley.
En segundo lugar, la medida vulnera el principio de igualdad y no discriminación. Aunque formalmente se sanciona la conducta de “ensuciar”, en la práctica esta orden afecta casi exclusivamente a personas en situación de calle o extrema pobreza, quienes se ven obligadas a hurgar en la basura por necesidad. Esto constituye una discriminación indirecta por condición social, contraviniendo la Ley Nacional 23.592 que prohíbe actos discriminatorios por posición económica o social. Perseguir a un grupo vulnerable por su condición socioeconómica, sin contemplar sus circunstancias ni ofrecer alternativas, es inconstitucional e inhumano.
Finalmente, la directiva ignora el derecho a la alimentación y a la dignidad humana. Muchas de las personas que “buscan comida en la basura” lo hacen porque no pueden satisfacer su derecho básico a la alimentación adecuada por otros medios. En lugar de adoptar medidas para asistir a quienes padecen indigencia, el Estado responde con castigo policial y multas.
Contradicción Legal y Desproporcionalidad de Sanciones
La Ciudad de Buenos Aires posee un marco legal que hasta ahora, había buscado integrar a los recuperadores como parte esencial de su sistema de gestión de residuos. Las leyes 992 y 1854 promovieron la formalización, la creación de cooperativas y Centros Verdes, la provisión de equipamiento y acceso a la salud para los cartoneros. Sin embargo, la directiva actual, al penalizar de manera general la “remoción de basura”, genera una contradicción fundamental con estas políticas inclusivas. La remoción de basura es, por naturaleza, la actividad central de los recuperadores, sean formales o informales.
Esta tensión se agrava con la reciente decisión del gobierno de Jorge Macri de dejar de financiar el transporte de los recuperadores urbanos que llegan desde el conurbano bonaerense, afectando a unos 3.000 de los más de 6.000 recuperadores formales. Esta medida, que representa el 20% de sus ya modestos ingresos, socava las propias políticas de inclusión de la ciudad y empuja a más individuos, incluso a los formalizados, de nuevo hacia actividades informales, precarias y ahora criminalizadas.
Además, la aplicación de la directiva plantea serias dudas sobre el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones. La instrucción de “limpiar y ordenar todo de inmediato” bajo amenaza de multa, sin una determinación administrativa o judicial previa, se asemeja a un “castigo inmediato” que viola el derecho a la defensa.
Si bien la Ley 1.217 permite “medidas precautorias” para “hacer cesar la falta” y el Código Contravencional (Ley 1472) contempla el “trabajo de utilidad pública” como sanción, la potestad legal explícita para que un agente de policía obligue a una limpieza inmediata en el lugar de los hechos como condición previa a una sanción formal no se encuentra claramente articulada en la normativa.
Las multas pecuniarias, que pueden alcanzar cifras elevadas como $900.000 para individuos por actos como “ensuciar bienes” o “manipular contenedores”, resultan claramente desproporcionadas e irrealistas para una población que carece de recursos económicos y que, precisamente, subsiste de la recolección. Imponer multas millonarias a quienes buscan comida o materiales para reciclar es no sólo ineficaz, sino cruel, y evidencia una clara intención punitiva que va más allá de la mera regulación de la higiene urbana.
Impacto Social y Consecuencias Contraproducentes
La medida refuerza la estigmatización de los pobres en el espacio público. Al etiquetar la búsqueda de reciclables o comida como un acto de “vandalismo”, se envía el mensaje de que los “cirujas” o “recicladores” son una “plaga a erradicar por razones estéticas”. La vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, al afirmar que “se terminó la impunidad para los ‘recicladores’”, profundiza la idea de que quienes viven del cartoneo son delincuentes impunes. Esto agrava la brecha social y confronta a vecinos con personas en situación de vulnerabilidad, en lugar de promover la convivencia solidaria y la inclusión.
Paradójicamente, la directiva de Jorge Macri podría tener el efecto contrario al deseado: en lugar de limpiar la ciudad, podría empeorar la higiene urbana. Los cartoneros, tanto formales como informales, retiran cientos de toneladas diarias de materiales reciclables de la basura domiciliaria. Si su actividad disminuye o se ve empujada a la clandestinidad, esos residuos reciclables podrían terminar en la calle o en los rellenos sanitarios, aumentando la basura acumulada, los olores y las quejas de los vecinos, y socavando los propios objetivos de “Basura Cero”.
Aprendizajes Internacionales y Llamado a la Inclusión
Las experiencias internacionales demuestran consistentemente que la inclusión formal y el reconocimiento de los recicladores informales son elementos cruciales para una gestión eficaz y sostenible de los residuos. Ciudades como Bogotá, Pune, y países como Brasil, han logrado integrar exitosamente a los recicladores en sus sistemas, mejorando las tasas de reciclaje, dignificando el trabajo y generando beneficios sociales y ambientales. Estos modelos son reconocidos por organismos internacionales como la OIT y el BID. En contraste, la criminalización de los recicladores suele ser condenada por atentar contra derechos laborales y humanos básicos.
La propia CABA, con sus leyes 992 y 1854, fue pionera en la región en la integración de los recuperadores. La actual directiva de Jorge Macri, al criminalizar potencialmente la acción de “remover basura” y al eliminar los subsidios de transporte, marca una desviación de este modelo inclusivo establecido, alejando a la Ciudad de las mejores prácticas internacionales en gestión de residuos sostenibles y socialmente equitativas.
En suma, la decisión de Jorge Macri revela una profunda tensión entre la búsqueda de un orden urbano superficial y el respeto por los derechos humanos y sociales de los más desfavorecidos. Es una política equivocada que aborda un problema complejo con una respuesta simplista de tipo represivo. No se logra una ciudad más limpia escondiendo a los pobres bajo la alfombra o criminalizando su supervivencia.
Es imperativo que la Ciudad de Buenos Aires construya un modelo de gestión de residuos que sea justo, equitativo y humano, en el que los recuperadores urbanos sean reconocidos como aliados fundamentales en la limpieza y sostenibilidad de la ciudad, y no como adversarios a perseguir. La represión nunca será una solución digna para un problema social.
