El pasado 17 de abril de 2026, mientras el país intentaba procesar la última cifra de inflación, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un Proyecto de Ley cuyo título es una joya del marketing político: “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. ¿Quién podría oponerse a combatir estafas? Bajo este 3% de honestidad fiscal (seguramente impulsado por Karina Milei), se esconde el desmantelamiento quirúrgico de la Ley de Emergencia 27.793 y un ataque frontal a los derechos más básicos de un colectivo históricamente postergado.
El milagro de la “Invalidez Laboral” y el regreso al siglo XIX
Lo primero que hace este proyecto es una pirueta semántica peligrosa. Desecha la denominación de “Pensión por Discapacidad para Protección Social” —alineada con el modelo social (que entiende que la discapacidad la genera la propia sociedad y su entorno)— y resucita el término “Pensión por Invalidez Laboral”.
Para el Gobierno, la discapacidad no es una interacción entre una persona y las barreras de su entorno, sino una “falla” que solo importa si te impide producir. Si no servís para el mercado, sos “inválido”. Este retroceso no es sólo terminológico; es una declaración de guerra contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Es importante recordarle al Ejecutivo que este tratado no es un folleto de buenas intenciones: tiene jerarquía constitucional en Argentina (Art. 75, inc. 22) y cualquier norma que intente ignorar su enfoque social es, por definición, inconstitucional.
La trampa del trabajo: Prohibido progresar
Aquí es donde la ironía se vuelve crueldad. Mientras la citada convención predica la “inserción laboral” y la “autonomía” de las personas con discapacidad, el proyecto del ejecutivo firmado por Javier Milei, Mario Iván Lugones y el deslomado chamuyero, Manuel Adorno, establece una incompatibilidad total entre la pensión y el empleo formal.
La ley vigente permitía a una persona trabajar y cobrar hasta dos salarios mínimos sin perder su apoyo, entendiendo que la discapacidad genera gastos extra que el sueldo no siempre cubre. El nuevo proyecto decreta que si te anotás en el Monotributo o conseguís un empleo en blanco, perdés la pensión automáticamente. El mensaje es perverso: “Te damos una ayuda solo si te quedas en la miseria; si intentas salir de ella por tu cuenta, te soltamos la mano”. Viva la libertad de elegir la indigencia asistida, si Adorni con su sueldo pudo comprar varias propiedades, seguramente una persona con discapacidad se puede comprar un monoambiente y cubrir sus apoyos con el 70 por ciento de una jubilación mínima.
El “Sálvese quien pueda” prestacional
El ajuste no termina en la billetera; va directo al sistema de salud. El proyecto deroga del Nomenclador de Prestaciones, el Arancel Único, el piso mínimo que garantizaba que las terapias, el transporte y la educación tuvieran valores iguales para todo el país.
Al liberar los precios, el Gobierno permite que las obras sociales y prepagas negocien valores por debajo del costo real. Las instituciones que atienden a personas con discapacidad —que ya operan al límite— quedarán contra las cuerdas, y los pacientes serán los que paguen las consecuencias con servicios de menor calidad o, directamente, con el abandono. Además, el Estado Nacional se “lava las manos” y le transfiere la responsabilidad de financiar el programa Incluir Salud, que garantiza los apoyos a las personas con discapacidad que cobran pensiones a las provincias, sin enviarles un solo peso extra. Es el federalismo del descarte. ¡Viva la Libertad Carajo!
El fraude como cortina de humo
El Gobierno justifica este atropello citando el aumento de pensiones en las últimas décadas. Para ellos, no es que el Estado haya empezado a reconocer derechos; es que hay un millón de “estafadores”. Con esa premisa, imponen un reempadronamiento obligatorio que parece más una purga que una auditoría.
Lo más grave es el desprecio absoluto por el Principio de No Regresividad. Nuestra Constitución prohíbe que el Estado quite derechos sociales ya reconocidos sin una justificación de fuerza mayor que aquí no existe. Este proyecto es un ataque directo a la jerarquía constitucional de la CDPD, ignorando que el derecho a una vida digna y a la protección social está por encima de cualquier planilla de Excel del Ministerio de Economía.
Conclusión: El costo del cinismo
Si el Congreso aprueba esta ley, la discapacidad en Argentina volverá a ser una tragedia privada que las familias deberán resolver como puedan. El “fraude” es el nombre que le pusieron al ajuste para que no se note tanto el olor a injusticia.
No se equivoquen: quitarle el apoyo a una persona con discapacidad no es combatir una estafa, es violar la Ley Suprema de la Nación. Es hora de que el Poder Judicial y el Legislativo le recuerden al Ejecutivo que la Constitución no es un obstáculo para la gestión, sino el límite moral y legal que protege a los ciudadanos del autoritarismo de los números.
“El Congreso Nacional tiene ahora la pelota. Estamos frente al retroceso más grave en derechos de las personas con discapacidad desde el retorno de la democracia. Los legisladores tienen la obligación constitucional de frenarlo. Y si no lo hacen, sepan que las personas con discapacidad no nos vamos a quedar en casa: estaremos en las calles para recordárselo cuantas veces sea necesario.”
Carlos Scally
Coordinador del área de discapacidad del IPyPP
María Eva Koutsovitis
presidenta de Unidad Popular CABA
Claudio Lozano
presidente de Unidad Popular Nacional
