Adolfo Pérez Esquivel- SERPAJ
El Servicio Paz y Justicia, durante largos años viene acompañando y luchando en defensa de los derechos de las personas y de los pueblos para que nuestro pueblo pueda vivir con dignidad, participar en la construcción de una democracia participativa y por una patria soberana.
Siempre hemos convocado a la unidad de las organizaciones populares, porque sostenemos que todo proyecto emancipador debe integrar la heterogeneidad social y la diversidad que expresan diferentes experiencias sociales y políticas. En ese sentido entendemos que la lucha por los derechos humanos configura un consenso básico que el conjunto del campo popular ha logrado gestar desde diferentes miradas durantes las últimas décadas. Ese consenso ha delimitado fronteras respecto a las políticas represivas y de los proyectos de dominación que padeció nuestro pueblo. Si algo caracterizó la lucha por los derechos humanos fue la construcción de una ética colectiva, gestada desde la sociedad civil, autónoma del estado y del sistema representativo. Fue una lucha de todos para todos, para el conjunto de nuestro pueblo.
Ninguna sociedad es estática, existe la dinámica de transformación social, cultural, política y espiritual. En diferentes momentos cuando se recuperó el régimen constitucional en 1983, se han manifestado diferentes opciones y estrategias respecto a como desmontar la herencia del terrorismo de estado, el sistema de dominación que procuró consolidar y sobre las formas de construcción para alcanzar una democracia plena. Hoy nos encontramos que, en esas opciones, algunos organismos de DDHH, han asumido una alianza con el actual gobierno, desde donde se pretende definir el accionar de la lucha por los derechos humanos pasados y presentes. Respetamos todas las miradas y opciones que puedan tener organizaciones hermanas, aunque consideramos que se cambian las reglas del juego cuando al momento de definir acciones aparece la injerencia del poder de turno.
El SERPAJ, como organismo latinoamericano, se ha manifestado y asumido su compromiso en defensa de los DD. HH. en su integridad y con total independencia de cualquier gobierno ocasional. Creemos que los organismos de DD.HH. deben ser controladores del Estado y no subordinados.
El gobierno tiene la responsabilidad de respetar y hacer respetar los DD.HH., y no manipular ni buscar divisiones entre los organismos de DD.HH. y organizaciones sociales.
Nos encontramos frente a fuertes injerencias desde la Casa de Gobierno con la imposición y mecanismos que actúan directa o indirectamente sobre la conmemoración de la resistencia y lucha contra todo lo que significó el golpe genocida del 24 de marzo de 1976. La convocatoria de un festival acto en la Plaza de Mayo, organizado desde el oficialismo constituye un acto de provocación respecto a las marchas que históricamente han convocado y movilizado los organismos de derechos humanos y el conjunto del campo popular. Nos preocupa y duele la actitud de algunos organismos de DD.HH., afines también al oficialismo, que han tomado decisiones unilaterales y decidido marginar y no dialogar y que utilizan el nombre de otros organismos como la publicación del aviso en Página 12 (21-03-10), donde se convoca a la marcha y hace referencia a organismos como el SERPAJ y otros, sin consulta previa alguna, lo cual no aceptamos. Esto pone en evidencia la fuerte injerencia del gobierno en condicionar los actos del 24 de marzo.
Debemos señalar que la Plaza de Mayo es patrimonio del pueblo y no propiedad del gobierno y de ninguna organización. Reclamamos el derecho de todos y todas de ir a la Plaza de Mayo y expresarse con libertad. El gobierno es responsable de asegurar que la Marcha del 24 de Marzo se desarrolle en paz y sin provocaciones, ni violencia respetando el derecho de todos aquellos que quieran manifestarse.
De nuestra parte hemos convocado a todos los organismos de derechos humanos para analizar, discutir y ponernos de acuerdo para marchar juntos el 24 de Marzo, afirmando la necesidad de la unidad y que debe ser un día superador de todas las diferencias políticas; que el objetivo fundamental es hacer presente la memoria de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los responsables del genocidio, y la denuncia de todas las formas de opresión, como la deuda externa, que es parte de graves violaciones de los derechos humanos, que el gobierno continúa pagando con el hambre del pueblo hasta el presente.
Reclamamos al gobierno privilegiar la «deuda interna con nuestro pueblo», por sobre la deuda externa. Por eso el SERPAJ y otros organismos, organizaciones sociales, culturales y políticas, reclamamos la realización de una auditoria de la deuda externa, para determinar la deuda legítima, de la ilegítima y la sanción para con los responsables de dicho saqueo.
Lamentablemente hay organismos que han olvidado que la deuda externa se continúa pagando con el hambre y la pobreza del pueblo, que por día siguen muriendo niños de hambre en nuestro país.
El gobierno realizó avances positivos en cuanto a las políticas de DD.HH. vinculadas a la sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pero la lucha por los derechos humanos no es algo de un pasado acotado, son parte integral del presente por lo que:
-Reclamamos por la aparición de Julio López, y sancionen a los responsables. Al igual que reclamamos por Luciano Arruga y muchos jóvenes víctimas del «gatillo fácil».
-Cuestionamos la continuidad de un modelo de concentración de la riqueza y saqueo instaurado por la dictadura militar, profundizado por sucesivos gobiernos constitucionales y que persiste en la actualidad. No podemos olvidar los graves problemas que el pueblo debe enfrentar, como son los emprendimientos mineros a cielo abierto, a manos de grandes corporaciones transnacionales que no sólo disponen de prebendas extraordinarias, también contaminan el agua y afectan la salud de nuestros pueblos. El veto presidencial a la ley de protección de los glaciares, ilustra esta complicidad. La permisividad con la devastación de los recursos naturales no renovables, así como el apoyo a un sistema agroalimentario que ha perdido diversidad y soberanía alimentaria, con el consiguiente encarecimiento de los alimentos de consumo popular, contribuye al empobrecimiento. Un devastador proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, ha destruido montes y bosques nativos, y expulsado y despojado a campesinos y pueblos originarios de sus tierras.
La pobreza que afecta a gran parte de la población, no se resuelve ocultando la verdad y dibujando los indicadores del INDEC, sino distribuyendo la riqueza.
-Cuestionamos la criminalización de la protesta social y reclamamos la anulación de las causas contra miles de militantes populares que por salir a defender los derechos del pueblo han sido procesados judicialmente.
Aunque nuestra mirada fue y será crítica contra toda forma de injusticia y explotación social, no nos interesa la confrontación como método, más aún hemos apoyado diversas iniciativas oficiales como la ley de medio de comunicación que constituye un avance en la lucha por la democratización de la palabra, así como la estatización de las AFJP. Pero queremos reflexionar, que la lucha contra el terrorismo de estado y sus consecuencias, en este Bicentenario de la Patria, debe ser de unidad del campo popular y todos los argentinos y no de «aparateadas» y divisiones. Máxime cuando una oposición circunstancial se ha embarcado en estrategias desestabilizadoras de un gobierno electo democráticamente.
Al publicar esta carta abierta al pueblo, queremos clarificar y construir, no equivocar el camino. Los enemigos del pueblo están acechando y aprovechando las divisiones del campo popular. Si hoy no podemos converger en luchas unitarias, debemos llamarnos todos a reflexión. Es necesaria la reflexión y la acción, claridad en los objetivos. Iremos a todas las marchas para dar testimonio de la voluntad de miles ciudadanos y ciudadanas en todo el país por la unidad. Desde el SERPAJ tuvimos y tenemos las manos abiertas y la decisión de construir y compartir el caminar de nuestro pueblo.
Convocamos a la Marcha a todos los sectores sociales, organismos, comunidades religiosas, partidos políticos, por la unidad y resistencia para hacer memoria y reflexionar en el Bicentenario de la Patria, sobre las opciones y caminos a recorrer de Paz y Libertad y poder construir una sociedad más justa y fraterna, sin exclusiones