En sus dos primeros meses en la presidencia de Argentina, Mauricio Macri ha priorizado el ajuste de la economía y el endeudamiento, mientras gobierna por decreto en detrimento de los sectores populares y la industria, dijo a Sputnik Nóvosti el exdiputado de izquierdas Claudio Lozano.
“Lo que vemos es una combinación peligrosa de ajuste con un fuerte autoritarismo político”, sostuvo Lozano, economista y director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), un centro de pensamiento vinculado a la independiente Central de Trabajadores de la Argentina que contribuyó a fundar.
Desde que asumió su cargo el 10 de diciembre de 2015, Macri aprovechó el receso del Congreso para legislar mediante decretos e intentar llenar dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, crear ministerios y deshacer medidas aprobadas en el Parlamento, como las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Tecnología Digital.
“Estas cuestiones merecían un debate parlamentario, pero el Congreso brilló por su ausencia y no hubo sesiones extraordinarias hasta ahora”, señaló Lozano.
La criminalización de la protesta, añadió el exdiputado, es otro rasgo del Poder Ejecutivo de Macri.
El opositor puso como ejemplo los operativos contra la movilización en diciembre de trabajadores cesanteados por la empresa avícola Cresta Roja, contra empleados públicos despedidos en la capital bonaerense de La Plata que protestaron a comienzos de enero, o incluso el modo en que fue detenida la dirigente social Milagro Sala también el mes pasado.
“Argentina quería cambiar lo que ocurría (entre 2007 y 2015, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner), pero la dirección que ha tomado este Gobierno va a entrar en colisión con buena parte de los intereses que esta sociedad tiene”, reflexionó el director de IPyPP.
Alarma económica
Según Lozano, Argentina pasó de una etapa de estancamiento económico, que prevalecía desde 2011, a una fase recesiva.
A la depreciación del peso, que en diciembre perdió 44,3 por ciento de su valor frente al dólar, hay que añadir la eliminación de los impuestos a la exportación de cereales y la reducción a los de la venta de soja.
Ello representa “una transferencia brutal de recursos a los sectores exportadores”, según Lozano.
Esa transferencia ha sido calculada por el IPyPP en 128.868 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares), que equivalen a tres por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) “para agigantar la rentabilidad de los exportadores en un contexto donde la demanda mundial no se encuentra en situación de dinamismo”.
Así se originó una aceleración de los precios, con el consiguiente retraso del poder adquisitivo de asalariados, jubilados y trabajadores autónomos. “Esto deprime la demanda doméstica, por lo que las condiciones para la recuperación de la actividad desaparecen”, observó el exlegislador.
Sobre la oferta gubernamental de pagar a los fondos buitre 6.500 millones de dólares, Lozano la consideró muy generosa, pues el capital original era de 1.900 millones de dólares, y el Gobierno aceptó devolver más de 242 por ciento ese valor: reconoce el 100 por ciento del capital y de los intereses, más 40 por ciento de los costos punitorios.
Aprovechando la baja deuda del país en relación con el PIB que heredó de la gestión anterior, Macri intenta compensar la recesión con el endeudamiento, según Lozano.
“Así quiere sostener algún plan de obra pública que compense el deterioro de la actividad, cuando buena parte de esas operaciones pueden resolverse con cuestiones de orden local y no con divisas”, afirmó.
El Gobierno también ha aumentado las tarifas de la electricidad, recortando los subsidios.
“Detrás de la liberación del subsidio, se mantiene el subsidio a las petroleras, principales responsables de la crisis energética por la falta de inversión y la depredación de los recursos hidrocarburíferos”, criticó Lozano.
El Gobierno plantea ahora la subida en los precios del gas mientras mantiene la fragmentación del sistema energético entre petroleras, generadoras, transportistas y distribuidoras, “lo que supone crear una cascada de rentabilidades”, cuando el Estado ya subsidia al sector pagando el barril de crudo al doble del precio internacional, observó.
Lozano recordó que una de las promesas del actual presidente fue un acuerdo social que pusiera en discusión la evolución de los precios, un compromiso que no ha cumplido.
“Si el Estado no asume algún grado de control sobre los dólares que ingresan y dependemos solo de los exportadores, Argentina está maniatada a la especulación de los sectores que quieran hacer (empresas) mineras, aceiteras, cerealeras y petroleras, que manejan la torta de dólares que el país genera”, concluyó.
Macri admitió el miércoles que la inflación de dos dígitos es uno de los problemas más acuciantes para la población y advirtió que llevará dos o tres años alcanzar los valores que registran «los demás países» de la región.
Fuente: http://mundo.sputniknews.com/