Por Lucila Rosso*
Hace un año, Paraguay apostó al cambio. El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo ganó las elecciones presidenciales para terminar con la pobreza y la corrupción estatal, proyectando una reforma agraria que permitiría la redistribución de la tierra en beneficio del pequeño campesinado. Fue electo como candidato de una variopinta alianza de partidos y movimientos, entre los que se encuentra la segunda fuerza electoral del Paraguay, el Partido Liberal –al que pertenece el vicepresidente Federico Franco–. Si bien obtuvo el 40,8 por ciento de los votos, la Alianza no logró obtener una buena representación parlamentaria, lo que prometía complicar la misión del nuevo presidente.
La gestión de Lugo parece estar signada por esta fragilidad en su sustento partidario y, a pocas semanas de asumir la presidencia, las diferencias con su vice, ya evidenciadas durante la campaña, se pronunciaron. A 15 días de iniciado el gobierno, Franco anunció su distanciamiento del mandatario al haber sido excluido de su equipo de asesores.
Este 21 de abril, la distancia se profundizó. En medio del alboroto generado por cuatro demandas de filiación interpuestas contra el Presidente, se anunció un cambio de Gabinete. Deslucida por el escándalo, la renovación fortaleció la posición de los sectores liberales leales a Lugo y reemplazó a los ministros de Educación, Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, y Agricultura y Ganadería por funcionarios liberales no alineados con la figura de Franco. Este reaccionó advirtiendo que se lo estaba empujando hacia la oposición. El 29 de abril, Lugo realizó un nuevo movimiento en el Gabinete, reforzando su posición. Nombró canciller a un ex dirigente opositor que abandonó su partido para apoyar al mandatario.
Las divisiones en la coalición gobernante también se reflejaron en el Parlamento. En enero, la bancada liberal abandonó a Lugo en su intención de convocar a sesión extraordinaria para suplir una vacante en la Corte Suprema. Con ello, la reforma judicial, estandarte de la campaña electoral, parece volverse impracticable.
Lugo gobierna con un Parlamento fuertemente opositor y política e institucionalmente irresponsable. A pesar del “pacto de gobernabilidad” prometido por el partido opositor de Lino Oviedo, el Congreso estuvo paralizado por la jura inconstitucional del ex presidente Duarte Frutos como senador activo –convalidada por el Tribunal Electoral y la Corte Suprema aún coloradas–, postergándose la aprobación de importantes leyes como el Presupuesto 2009. Resuelto el conflicto, el boicot legislativo continuó. Bloqueó reiteradamente las iniciativas del Ejecutivo y promete continuar haciéndolo con el Plan Anticrisis que Lugo envió recientemente para su aprobación.
El contexto se completa con el clima destituyente que rodea al presidente. A la fallida conspiración golpista urdida por altos dirigentes y el ex presidente Nicanor Duarte a poco de iniciado el gobierno, se le suman los reiterados embates de la prensa, las declaraciones de la oposición pronosticando el final anticipado del mandato, y la reciente amenaza de juicio político promovida desde sectores oviedistas y sugerida por diversos medios, desconociendo los estrictos requisitos constitucionales que se necesitan para ello.
A pesar del adverso contexto, Lugo avanza. Inició el prometido proceso de reforma de las Fuerzas Armadas, aún vinculadas con el Partido Colorado, restituyó la gratuidad del hospital público y los análisis clínicos y lanzó una campaña integral de vacunación infantil garantizando el acceso a la salud del 42 por ciento de los paraguayos que se encuentra bajo la línea de pobreza.
Hace un año, en un clima de gran expectativa, Lugo ganaba las elecciones dejando atrás 61 años de hegemonía colorada. Hoy, las debilidades con las que llegó al poder parecen agravarse y, junto con las actitudes reaccionarias de los beneficiados por el anterior gobierno, obstaculizan el cumplimiento de las reformas. A pesar de ello y del reciente escándalo, Lugo aún cuenta con una opinión pública favorable aunque erosionada como su principal sustento político. Para sostenerla, el apoyo de la región puede resultar fundamental. Brasil y Argentina deberían dejar en claro que dentro del Mercosur no se puede coquetear con rupturas constitucionales.
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*Investigadora del Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.
Publicado en el diario Página 12 de Argentina. Viernes 8 de Mayo de 2009