Considere el caso donde la justicia evalúa como un delito penal, un acto edificante como es dar acceso público a un bien cultural subiéndolo a internet (de igual forma que donar un libro a una biblioteca para que todo el mundo lo lea, es algo edificante). Sin embargo, en vez de concentrarse en este hecho en sí, decide fijarse en un tercero cuyo grave crimen no fue subirlo, sino enlazarlo (como quien da un domicilio o un teléfono). Pero no resultando esta relación lo suficientemente elíptica, decide acusar al dueño del sitio donde se publicó dicho enlace, por el crimen de no vigilar lo suficiente al usuario, aun cuando esta vigilancia, además de imposible, no le corresponde. Llegada esa instancia, ¿ya no sería momento de meter preso al juez?
El 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual según la OMPI, el foro Taringa! llegaba a los 7.000.000 usuarios registrados. Sólo tres días más tarde, el 29 de abril, se confirmó el procesamiento de los titulares de sitio web donde se descargan archivos sin autorización del autor. Los verdugos culturales en este caso, estan encabezados por un viejo conocido de este blog: La Cámara Argentina del Libro. También las editoriales Astrea, La Ley, Rubinsal y Asociados, Ediciones de la Flor S.R.L., Ediciones La Rocca S.R.L., Editorial Universidad S.R.L., Gradi S.A., que según el comunicado de T!, son quienes iniciaron la demanda. Editoriales, no autores, porque como todo el mundo sabe los autores no ganan dinero con el derecho de autor (y por si faltara algo, son las editoriales donde publican los jueces).
El caso Taringa, parece resumir en una sola causa, la suma del bochorno definitivo de las actuales leyes sobre copyright y las interpretaciones legales extravagantes, con el único fin de convertir en delitos prácticas sociales que el sentido común (si aplicamos el sentido común, claro) nos dice que no se trata de faltas, sino acciones beneficiosas para la sociedad en su conjunto: compartir cultura, compartir recursos e información a traves de enlaces, respetar los derechos de los usuarios no censurando arbitrariamente sus artículos (los usuarios son creadores, y los creadores son usuarios), o ganar dinero respentando el marco legal.
Aún si consideramos…
¿Por que es un bochorno?, muy simple:
Aún si consideramos que está bien que compartir en internet deba ser un crimen (eso es lo que nos dice actualmente la nefasta ley Noble 11.723, que al criminalizar la copia o difusión sin excepción, convierte en delitos prácticas sociales establecidas desde siempre, como prestar un libro o disco), Taringa no es culpable de compartir, porque Taringa no aloja material sujeto a derechos intelectuales de terceros en sus servidores. Solamente se han encontrado enlaces a otros sitios (generalmente servicios de descarga directa perfectamente legales, con dirección, responsables y personería jurídica, como Rapidshare, Megaupload, Mediafire etc., quienes sí alojan los archivos y permiten su descarga). El enlace es sólo una cadena alfanumérica con una dirección de una pagina web (la innovación fundamental que dio origen a la World Wide Web), que es el equivalente a un número telefónico o un domicilio en el mundo físico. Hay fallos en otros países que explican por qué enlazar
no puede
ser ilegal.
Ahora bien, aún si consideramos contra todo sentido común, que «enlazar es un crimen», ya que alegando una interpretación extravagante y forzada de la idea de «partícipe necesario» el fallo intenta criminalizar los enlaces, (para ser «participe necesario», hace falta probar la intención del imputado de querer participar de un delito, sino, Telefónica sería responsable cuando una banda decide coordinar su accionar delictivo usando su servicio de telefonía celular), pero Taringa tampoco es culpable de enlazar, porque el responsable de la publicación del abominable link, no es Taringa, sino un usuario de Taringa, que no es lo mismo. El usuario, que siguiendo el absurdo del «participe necesario», podria entrar en esa categoría en la medida que conoce el destino cuestionable del enlace que publica, es un caso diferente al servicio de publicación, que no puede, ni debe, supervisar o editar previamente esos contenidos. Esta no es una característica exótica y singular de Taringa: es la norma de todos los servicios de foros o blogs de internet. Sólo imaginemos el escándalo que significaría que Blogger, Twitter o Facebook debiesen «aprobar nuestro post» antes de publicar.
Por otro lado, de nuevo, Aun si consideramos la postura extrema de que el proveedor del servicio debe ser responsable de todo lo que publican sus usuarios (pensemos que pasaría con los clasificados de Clarín si así fuera), Taringa tampoco es culpable, porque Taringa tiene un sistema de denuncias automático, que le permite a cualquiera que se sienta afectado por un post, pedir su baja. Y lo mejor de todo (o lo peor, según de donde se lo mire) es que Taringa sí da de baja los contenidos cuestionados, es decir (por lo general) pone por encima los derechos de los denunciantes, sobre los derechos de quien publica, lo cual es arbitrario e injusto, pero es la única manera que tienen estos servicios (y muchos se abusan) de mantenerse a salvo de problemas legales. Las garantías que son sagradas en la prensa, pocas veces son tenidas en cuenta por los jueces, cuando se trata de Internet.
Pero sigamos, aún si consideramos que el fondo de la acusación está relacionado con el lucro que obtiene Taringa por su servicio a través de la publicidad, (y con este dedo es que muchos los señalan, tanto quienes consideran que compartir esta bien, como aquellos que creen que compartir esta mal) de nuevo: Taringa no aloja contenido, no escribe los enlaces y da de baja los post denunciados, mal que les pese a muchos, su actividad no incurre en ninguna ilegalidad, ni necesita sostenerse en ninguna excepción provista por la ausencia de lucro.
Si eres legal, eres legal