En el Centro Cultural «La Magia» se realizó un seminario gratuito y abierto al público, con la temática de analizar los «Procesos de (Re) Urbanización e Integración Socio-Urbana de villas y asentamientos informales», organizado por La Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), que tuvo como orador a Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y duró más de dos horas.
Entre los varios puntos tratados se analizó el hecho de si el proceso de integración urbana que se está dando en la ciudad es real. Para lograr eso, sostiene Baldiviezo, «el derecho de urbanización deberá ir en contra de que el mercado inmobiliario sea el único que toma la decisión y garantizar que la familia vivirá allí, donde el mercado no lo permitiría. Por eso el código de urbanización dice que garantiza el derecho a la ciudad, la justicia espacial, que los sectores más vulnerables puedan disfrutar de los sectores de la ciudad que mejores servicios tenga».
«Chacarita, Villa 31y Rodrigo Bueno», agrega, «están en sectores de la ciudad con los mejores servicios. Pero si uno, luego de urbanizar, entrega el título pleno deja que el mercado decida quién va a vivir en esas tierras, y eso es inevitable. Si uno está convencido de que el estado está tomando deuda, está vendiendo tierra pública, está haciendo inversión con los ingresos impositivos del mercado para garantizar esta integración se debería preocupar de que esta sea perdurable a futuro, sino, en vez de hacer todo esto, tomemos deudas y digamos a las familias acá tienen un crédito, compren lo que puedan».
Pero, el hecho de regalar el suelo a las familia, ¿es conveniente o no? Para Baldiviezo, «si el Estado vende el terreno a precio local, a la familia se le genera una deuda. Y, si ella vende ese inmueble, parte de ese dinero es para pagar la deuda y parte para comprar una vivienda nueva. Si el gobierno le regala el suelo, la persona que vende no debe pagar ninguna deuda y, además, van a estar sentados en los suelos más caros de la ciudad, por lo que va a ser un estímulo para vender el inmueble, porque con el valor de su casa pequeña, podrá comprar, en otra parte de la ciudad, una más grande. Así que, sin restricciones, permitimos que la familia se rinda al mercado inmobiliario».
Por tal motivo, otro de los temas tratados, se analizaron los distintos sistemas restrictivos como el no permitir englobar parcelas, lo cual impide construir a mayor altura; que existan restricciones a quiénes las familias pueden vender. «Todas ellas», según Baldiviezo, «son medidas que no eliminan por sí solas el negocio inmobiliario pero, en conjunto, son fuertes mitigadores para que eso suceda».
«Pero, también», agrega Baldiviezo, «hay una herramienta nueva que es muy buena para pensar esto: el derecho real de superficie. El código civil actual permite vender volúmenes, el subsuelo, lo construido y el aire y que coexista el propietario de la parcela y el dueño que se llama superficiario. Esto tiene la ventaja de que el Estado tiene una herramienta fuerte para dejar de desprenderse de tierra pública. Si uno le da la propiedad de lo construido a las familias y el Estado se queda con el subsuelo, con el aire, ningún inversor va a comprar sabiendo que para poder construir en altura o hacia abajo voy a tener que negociar con el gobierno y conseguir el apoyo del 2/3 de la legislatura».
Sin embargo, este genera la pregunta sobre porque, si igualamos derecho, no vamos a permitir que las familias tengan movilidad. «Esto», sostiene, «es porque el proceso de integración y urbanización es una síntesis entre intereses individuales y colectivos. Interés individual es que se garantice el derecho a la vivienda, lo cual no implica propiedad, que la ciudad sea integrada. Por eso se hace la inversión para que ese barrio progrese. Y, en el equilibrio de estas cuestiones, si la personas quieren mudarse, podrá alquilar su casa y, como esta está en zona valiosa podrá alquilar algo más acorde a sus necesidades».
Sin embargo, Baldiviezo sostiene que «esto va a ser complicado de poner en práctica ya que cualquier familia va a querer tener el dominio pleno de su propiedad. Y esto lo complica más el hecho de que el gobierno no vaya con la postura de que se está haciendo un esfuerzo colectivo para que la ciudad sea integrada, sino con la postura de que van a regalar el suelo y darán créditos para que paguen en tasa fija a 30 años. Más allá de que se merezca o no, si uno piensa en la integración no sería bueno que esas familias terminen decidiendo sin restricciones si ese barrio va a permanecer integrado a futuro o no».
