Nuestra comunidad ha asistido a una nueva muestra del renovado ejercicio de simulacro que el gobierno nacional ha encarado en el proceso de reajuste permanente de las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural desde hace dos años.
En efecto, las nuevas audiencias convocadas en noviembre, se transformaron en tribuna para que el gobierno “informe” los nuevos reajustes tarifarios en ambos servicios públicos, vaciándolas de todo contenido deliberativo.
Los nuevos aumentos- que entre diciembre y febrero próximos podrían oscilar entre el 45% y el 60% promedio para el gas natural y entre el 60% y el 70% para la energía eléctrica-, se sumarían a un panorama ya crítico en términos de las garantías de acceso a un bien fundamental como la energía por parte de toda la población. Ello es así ya que, en estos dos años, hemos acumulado brutales aumentos que, en el caso de la energía eléctrica oscilaron entre el 500% y el 700%, con picos aún más elevados, mientras que en gas natural, hemos afrontado reajustes del orden del 400% al 500%, en un contexto de agravamiento de las condiciones laborales, económicas y sociales y de intensificación de las transferencias que esta administración convalidó hacia el selecto grupo de empresas hidrocarburíferas.
En el contexto de la emergencia energética decretado en diciembre de 2015, el proceso de reajuste sinfín en las tarifas de los servicios públicos, forma parte de uno de los dispositivos fundamentales del gobierno nacional para “ordenar y restablecer las reglas del juego” en el sistema energético, desde una concepción de desregulación y liberalización del mercado, que opera como instrumento para la recomposición de rentabilidad de las empresas gasíferas y eléctricas, que no han dejado de recibir transferencias permanentes perpetuando un esquema rentístico y concentrado.
Asimismo, el sendero de recomposición de precios en el mercado gasífero, implicó que, en el término de algo más de un año, el precio del gas en boca de pozo aumentara un 186% en dólares, en un escenario donde las audiencias públicas, lejos de servir para transparentar la información sobre las estructuras de costos de las empresas, han operado como mecanismo de convalidación de decisiones previamente tomadas. En tal sentido, este proceso de reajuste dolarizado ya está generando pérdida de competitividad- en un contexto en el que el gobierno nos llama a “ser más eficientes” y bajar todo tipo de costos- y, además, dificulta tanto la accesibilidad como la asequibilidad- es decir, la capacidad de pago-, de un bien que no es sólo crítico o estratégico para el sector productivo, sino que configura un derecho humano inalienable.
Mientras nos exponen a un esquema de energía más cara e inaccesible, las grandes empresas hidrocarburíferas embolsaron más de 7.500 millones de dólares a través del denominado Plan Gas que, durante el quinquenio 2013-2017, convalidó precios diferenciales de hasta 7,5 dólares por millón de btu, cuando los costos de explotación medios del sector gasífero no han superado los 3 dólares, con la notable paradoja que -salvo YPF-, el resto de las empresas no han incrementado sensiblemente los niveles de extracción, consolidando un panorama de estancamiento del sector, en plena etapa propagandística sobre la “lluvia de inversiones” que vendrán a Vaca Muerta para la explotación de gas y petróleo no convencional. Téngase presente que esta maquinaria de subsidios permanentes ha funcionado sin pausa desde 2008 en adelante, generando una transferencia de más de 22.000 millones de dólares de toda la comunidad a las empresas hidrocarburíferas y eléctricas, sin que se haya registrado- en más de una década- un efectivo proceso de rendición de cuentas y de control público sobre las empresas.
Por otro lado, la violación sistemática de lo que indicara el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016 en relación a la proporcionalidad, progresividad, racionalidad y equidad que deben cumplimentar los procesos de reajustes tarifarios, puede agravarse aún más ante la factibilidad del establecimiento de mayores restricciones tanto para los usuarios incluidos en la tarifa social como para el reconocimiento de bonificaciones por el ahorro efectivo en el consumo de energía. Ello implica la consumación de una nueva contradicción en los términos de la política oficial en la materia, ya que antes que orientar a la población al ahorro de energía a través de incentivos que puedan cumplimentarse en un proceso gradual, se opta por achicar los márgenes de bonificaciones con el objetivo fundamental de incentivar el menor consumo de energía, configurando situaciones de infraconsumo y de pobreza energética en muchos hogares de nuestro país. Esto forma parte del esquema de “sinceramiento de precios” y de “señales de eficiencia”, lo cual implica que habrá disponibilidad de energía, al costo de restringir cada vez más el acceso a amplios sectores sociales y productivos de nuestra comunidad. Esto ya está ocurriendo, con efectos concretos en varios sectores usuarios de energía, pero fundamentalmente entre los hogares, donde se han registrado bajas significativas en el consumo de gas y energía eléctrica en estos dos años.
Ante la consolidación de este proceso de ajuste permanente en el sector energético, estimamos fundamental encarar prioritariamente algunas medidas.
En primer lugar, llamamos a la suspensión del proceso de reajustes tarifarios de los servicios públicos, ya que su consumación implica la violación sistemática de los criterios de progresividad, equidad, razonabilidad y proporcionalidad que deben cumplimentar estos procesos, poniendo en peligro el acceso a bienes esenciales para una vida y habitat digno.
En segundo término, debe encararse una auditoría integral en el conglomerado de empresas gasíferas y eléctricas, de modo tal de conocer exhaustivamente el destino de los multimillonarios fondos de subsidios que el Estado nacional transfirió durante más de una década, y que jamás han sido puestos bajo la lupa de la regulación y el control públicos, configurando una estafa permanente a toda la población. En este sentido, la sucesión de audiencias públicas a modo de “simulacro permanente”, no han servido para transparentar de manera seria información de costos reales de las empresas, situaciones patrimoniales y niveles de eficiencia e inversión en la prestación, mantenimiento y operación de los servicios públicos, aspectos que constituyen auténticos agujeros negros en el accionar cómplice de empresas concesionarias y gobiernos de turno.
Un tercer aspecto, tiene que ver con la restitución de mínimos grados de racionalidad e integralidad en el debate sobre las tarifas de los servicios públicos, ya que todo proceso de revisión tarifaria debe ir a la par de las negociaciones salariales colectivas, de la variación de los índices de inflación minorista y mayorista y de los esquemas de inversión y recomposición económica y financiera de todo el sector energético. Sólo de esta manera podrán conciliarse los objetivos de disponibilidad y accesibilidad en materia energética, en condiciones de eficiencia y cuidado medioambiental.
Por último, es fundamental encarar una reformulación integral del sistema energético, bajo la premisa de diversificar la matriz de generación de energía mediante la incorporación de fuentes renovables y la búsqueda permanente de mejoras en la eficiencia y en el ahorro energéticos. Tales propósitos sólo pueden llevarse adelante desde una planificación consciente, integral y sistémica, que sea capaz de alumbrar nuevos modelos de empresas públicas, con activa participación de los trabajadores y de la ciudadanía, como parte de un proceso de democratización del acceso a la energía como derecho humano fundamental.
Claudio Lozano
Presidente UP
