La legisladora María América González presentó observaciones despacho 0737/2011 de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de recursos, ejercicio fiscal 2012. En este sentido, la legisladora de Buenos Aires para Todos señaló que “si bien desde el bloque que integro no acompañaremos el despacho de mayoría, consideramos oportuno que se contemple la posibilidad atender a dos propuestas: incrementar a $ 4 millones la partida para el programa “Apoyo a Centros de Jubilados” e incorporar al Presupuesto la suma de $14 millones para realizar obras previstas para resolver la Emergencia Ambiental y de Infraestructura declarada mediante la Ley 1.333”.
El programa Apoyo a los Centros de jubilados vehiculiza el otorgamiento de subsidios a fin de atender gastos provenientes de pequeñas refacciones, turismo social, compra de equipamiento, prestaciones a los socios, pago de servicios y otros gastos que aseguren su normal funcionamiento. Para acceder a este beneficio los Centros deben estar inscriptos en el Registro de Centros de Jubilados y Pensionados con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cumplir con el procedimiento descrito en la Resolución 1168/GCABA/MDHYSGC/06.
La partida presupuestaria para el barrio Ramón Carrillo se solicita a fin de posibilitar las obras previstas para resolver la Emergencia Ambiental y de Infraestructura declarada mediante la Ley 1333, que se prorrogara con el acuerdo unánime de los diputados presentes en la sesión del 17 de noviembre de 2011.
Estas obras consisten, según el artículo 2º de esa Ley, en posibilitar el correcto funcionamiento de: red de desagües cloacales, desagües pluviales, red subterránea de distribución de energía eléctrica, red subterránea de distribución de gas natural, repavimentación, construcción de veredas y peatonalización de pasajes y red de alumbrado público.
González afirmó que “el propio Presidente del IVC Omar Abboud confirmó en la Audiencia Pública del 25 de octubre pasado que la obra necesita de una erogación de $14 millones que debe estar asignada en la Ley de Presupuesto, por lo tanto proponemos que sea aceptada esta observación”.
Otro de los temas a tratar en la sesión es la modificación a la Ley de Código Fiscal, Despacho 0736/2011.
La modificación propone que el Poder Ejecutivo se abstenga de emitir certificados de deuda, accionar para el cobro o proseguir acciones judiciales ya iniciadas, cuando se haya dictado el acto administrativo de condonación de deuda y dicha condonación se encuentre pendiente de homologación en la Legislatura.
Durante el lapso que va desde el dictado del acto administrativo de condonación hasta el dictado de la ley respectiva, suele iniciarse o proseguirse actuaciones judiciales tendientes al cobro de las deudas condonadas, lo que implica un desgaste de recursos en acciones judiciales cuyo destino no será el ingreso de suma alguna a las arcas estatales.
La modificación propone evitar que, luego de concedida la condonación, se prosigan generando honorarios profesionales por actuaciones cuyo objetivo (el cobro de las deudas) no van a poder ser efectuadas debido a la condonación resuelta.
En cuanto al tratamiento de la Ley Tributaria (ABL) la legisladora González presentó la siguiente observación al despacho 0736/201 con respecto a las exenciones del ABL para jubilados y pensionados y las personas con necesidades especiales.
Las exenciones previstas para el ABL tienen una clara función social ya que permite no abonar la mencionada tasa a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este beneficio se limita a quienes tienen una sola propiedad y cuya valuación fiscal no exceda el importe que establece la Ley Tarifaria, pero los topes previstos en los art. 247 y 248 del Código Fiscal (T.O.), llevan un atraso considerable en el aumento de su valor, ya que comparativamente han aumentado mucho menos que el promedio de las valuaciones realizadas en años anteriores.
Es decir, manifestó la legisladora que “existe un gran retraso en los aumentos del “tope máximo” de la valuación fiscal del bien, a los efectos de poder solicitar la exención. La consecuencia cotidiana de este atraso en el tope máximo es que cada día más personas con necesidades de exención quedan excluidas de las mismas”.
Por último, María América se refirió al despacho 00740/11 del proyecto 2238-D-10 “DE CREACION DEL SISTEMA UNICO DE GARANTIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES”.
La legisladora fundamentó su oposición y dijo que “este proyecto subsume todo el accionar de lo que entiende por políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, ignorando su integración con las políticas sociales de salud y educación por ejemplo. Supone también un profundo desconocimiento de lo que son las políticas sociales, además de que pareciera apuntar a dirimir internas sectoriales y cuotas de poder entre áreas del Poder Ejecutivo”.
“Una persona en estado de vulnerabilidad no puede ser aquella que se encuentre por debajo de la línea de la indigencia. Esto es inmoral. Todo ciudadano que se encuentre debajo de la línea de la pobreza, y ya no de la de la indigencia, no puede ser considerado como tal. Y por lo tanto, para erigirlo como ciudadano no deben implementarse políticas de ataque a la pobreza y tan selectivas y localizadores idénticas a las formuladas en los noventa con claro sello neoliberal, que ya mostraron su fracaso y lo único que producen es más pobreza y exclusión”, señaló González.
María América agregó: “para que no existan las villas, no es necesario ni lógico que se inscriba a sus habitantes en libretas que certifiquen su pobreza y distingan cuántas veces accedieron a un plan o de cuántos planes son beneficiarios en vez de constituirlos en ciudadanos con derechos. Debemos formular leyes que permitan, por ejemplo urbanizar sus barrios, que sus hijos y ellos accedan a buenos planes de salud y educación de corte universal. Esto seria consagrarlos como verdaderos ciudadanos en lugar de estigmatizarlos como pretende el proyecto de marras”.
“Para ello es necesario exigirle al Poder Ejecutivo de esta Ciudad que implemente políticas sociales universales, y no localizadoras, estigmatizantes ni discriminatorias por edad, género, estado físico o mental”, finalizó la legisladora de Buenos Aires para Todos.
Documentos:
OBSERVACIÓN AL DESPACHO 0737/2011 (PRESUPUESTO GENERAL)
OBSERVACIÓN AL DESPACHO 0735/2011 (CODIGO FISCAL)
OBSERVACIÓN AL DESPACHO 0736/2011 (LEY TRIBUTARIA)