La imposición de las UAC, que le niega a la Junta Comunal atribuciones establecidas constitucionalmente, y el recorte presupuestario, que apenas otorga 28 pesos por habitante para las comunas con mayores niveles de desigualdad y pobreza (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Lugano) demuestran que, lejos de atender a la democracia participativa que la Ley de Comunas promueve, el Gobierno de la Ciudad genera mecanismos para un mayor nivel de centralización en la decisión y los recursos disponibles.
