El diputado nacional Claudio Lozano, quien en 2010 presentó un proyecto de Ley de Telecomunicaciones, reclama la sanción de un marco regulatorio que permita la revisión de las tarifas, establezca limitaciones y controles para evitar daños por radiaciones, y garantice el aprovechamiento de redes públicas de propiedad estatal en el marco de redefinición de un Plan Tecnológico Nacional.
Marco que debe garantizar el derecho a la comunicación y que debe establecer el carácter de servicio público no sólo para la telefonía fija sino también para la celular y el acceso a Internet. En este sentido, ratificamos la necesidad de una Ley de Telecomunicaciones que complete el camino abierto por la Ley de Servicios Audiovisuales, legislación que debe permitir la revisión de las tarifas a efectos de vincularlas con la real estructura de costos vigente, que establezca las limitaciones y controles adecuados para evitar que las radiaciones sigan dañando la salud de nuestro pueblo, y que garantice el aprovechamiento de redes públicas de propiedad estatal para la participación de la industria nacional y las universidades (y centro de investigación) con el objetivo redefinir las tecnologías convenientes en el marco de un Plan Tecnológico Nacional.
Advertimos que desde el año 2010 hemos presentado en el Parlamento una ley que nos permita terminar con el bochorno que supone que en el sector de mayor dinamismo tecnológico de esta época del mundo mantengamos una legislación del año 1972 acompañada por una serie de decretos noventistas que entienden la telecomunicación como mercancía y no como derecho ciudadano, y que a la vez no promueven la articulación del servicio con la industria y el conocimiento de modo de favorecer el desarrollo nacional.
Justamente, en ausencia de estas regulaciones, los contratistas locales siguen siendo los de siempre y el núcleo tecnológico sigue siendo importado, en tanto las tarifas de los celulares castigan a los consumidores.
