Consideraciones preliminares: El proyecto de Ley presentado por el PRO sobre la Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que intenta ser aprobado por la Legislatura Porteña, muestra una doble estrategia, política y mediática, que tiene como resultado la búsqueda de una nueva victimización para no asumir sus responsabilidades.
En primer lugar, cabe destacar que deliberadamente el macrismo obturó cualquier posibilidad concreta de generar un ámbito de debate y discusión seria que permitiera traer propuestas alternativas o superadoras para un esquema de transición ordenada y prolija de los subterráneos.En este sentido, tanto en sus formas como en su contenido el proyecto del ejecutivo busca condicionar y extorsionar, de manera tal de instalar mediáticamente que si no se aprueban este conjunto de medidas, la transferencia sea inviable. Se plantea, de esta forma, la ideología del castigo, tanto hacia los trabajadores como hacia los usuarios.
Como veremos en detalle mas adelante, en este intento por tomar las riendas del subte, el costo lo pagan los trabajadores y los usuarios. Por ejemplo, el artículo 31 señala que “la totalidad del incremento de la tarifa técnica que surja de los aumentos salariales será directa e inmediatamente trasladada a la tarifa al usuario”. Entendemos que este punto es un despropósito en el cual los usuarios terminarán pagando las resoluciones de las paritarias.
Por otro lado, la mención del subte como “servicio público esencial” no menos de trece veces en el texto del proyecto reviste una intencionalidad vinculada al disciplinamiento de los trabajadores. La OIT ha excluido al transporte en general como susceptible de ser declarado servicio esencial, por lo que los argumentos del macrismo no tienen validez. Y en el caso argentino en particular, la misma OIT se manifestó en un fallo de 1994 contrario al decreto para reglamentar y limitar el derecho a huelga de los trabajadores del transporte público presentado el 17 de octubre de 1991 por el ex ministro Corach. De esta manera, la discusión quedó saldada.
Asimismo, la idea de limitar el derecho de huelga de los trabajadores del subte es una postura arbitraria, que no tiene antecedentes que hayan sido convalidados judicial o legalmente. Con este proyecto de ley, están retrotrayendo la discusión a 20 años atrás. Cuando la sociedad actual pretende caminar en la ampliación de derechos, se quiere instalar naturalmente en la agenda pública la limitación del derecho de huelga para los trabajadores del transporte.
En cuanto a la situación operativa del subte y su mantenimiento, es importante mencionar que, salvo estimaciones gruesas que se enuncian sin ningún cálculo estimativo que las sustente, el proyecto se presenta sin información que remita a costos de operación, ingresos por venta de pasajes, ingresos por actividades conexas, cálculos en materia de inversiones, planes de obras, etc. Tampoco se discute el régimen de ganancias que se pretende negociar con la empresa Metrovías SA. Y no hay estimaciones sobre la posible recaudación extraordinaria originada en los cambios introducidos al régimen de patentes y en las Contribuciones Especiales.
La instalación mediática de los puntos polémicos del proyecto, con un carácter efectista, espasmódico y altamente confrontativo, que gran parte de la oposición no acompañaría, genera un paraguas en el cual la responsabilidad del traspaso sigue quedando en otras manos, en este caso, de la Legislatura, obturando de esta manera cualquier posibilidad de avanzar en un traspaso que resguarde ante todo los intereses y la seguridad de los porteños.
Una vez más, el Ejecutivo optó por seguir ocultando información y recursos, y menoscabando al poder Legislativo como ámbito de consenso y representación de la ciudadanía.
Trabajo realizado por el grupo de asesores del Bloque Buenos Aires para Todos en Unidad Popular LEGISLATURA PORTEÑA