La aprobación del supuesto convenio de “solución amigable» con REPSOL, respecto a la compensación por la expropiación del 51% de sus acciones debe ser enmarcado en el giro ortodoxo que ejecuta el gobierno: fuerte devaluación, ajuste salarial por debajo de la inflación, arreglo con el Club de Paris, pagos de sentencias en el CIADI, dura ortodoxia monetaria y tarifazos.
Un giro que intenta, ante la imperiosa necesidad de recomposición de reservas, la vuelta a los mercados internacionales via nuevo endeudamiento. Recibiendo para esta hoja de ruta el beneplácito del FMI por “las correcciones que en política económica lleva adelante».
Sólo así puede entenderse el omnimoso acuerdo indemnizatorio reconocido a REPSOL que constituye un paso más en la pérdida de soberanía energética. El Gobierno Nacional lejos de transformar la recuperación del 51% de las acciones en manos de la petrolera española en un camino para recuperar el manejo de la renta hidrocarburíferas, modificar el marco regulatorio y diversificar la matriz energética, ha inmolado el discurso de la soberanía energética en el marco de una “asociación boba” de la petrolera estatal con las trasnacionales, dándole continuidad al camino reflejado en el acuerdo Chevron. Debe recordarse que una de las razones que se esgrimieron para la aprobación de este convenio es que el mismo abría la puerta a la lluvia de inversiones que se necesitan para desarrollar los recursos no convencionales de Vaca Muerta.
Se termina reconociendo una compensación millonaria a REPSOL, abandonando la elemental tarea de realizar una auditoria de activos completa capaz de reflejar el manejo político-institucional y económico-financiero de la empresa. Auditoria que hubiera podido reflejar el vaciamiento llevada a cabo en especial durante el periódo de “argentinización” piloredo por el grupo Ezkenazi desde el 2008, y que redundó no solo en una compleja trama de venta de activos, sino que vía remisión de utilidades durante 2l período 2008-2010 se remitieron el 140% de las mismas. Se resigno además poner bajo la lupa la política depredatoria del recurso que llevo adelante la petrolera ya que pasamos de un horizonte de reservas de 30 años para el gas y 28 para petroleo, a un cuadro de estancamiento estructural de reposición de las mismas, con un horizonte de 8 años para petróleo y 9 para gas.
Así mismo no se encaró una completa auditoría de los pasivos ambientales que la explotación hidrocarburíferas dejo, incluyendo el avasallamiento de derechos y tierras de comunicase originarias, desistiendo de llevar adelante los reclamos por resarcimiento y quedando en cabeza del Estado las reparaciones a que hubiera lugar.
A pesar de todo esto se compensa a REPSOL en un acuerdo que equivale a que Argentina emita deuda, que desde los U$D 5000 millones que se anuncian de la mano de omisiones, entrega de bonos que ya han capitalizado interés y tasas fuera de lo razonable para el mundo de hoy puede llegar a los U$D 8.300 millones. Lo que se oculta es que esta “solución amigable” esconde una compensación que alcanza al valor del 51% las acciones estatizadas durante el año previo a la misma. Parece ser que la célebre frase del ministro Kicillof de que solo a unos “tarados” podía ocurrirseles pagar lo que RESOL pedía es otro de los tantos principios que se cayeron en el giro ortodoxo.
Solo desde la decisión oficial de abrazarse a la ortodoxia noventista puede entenderse que se premie el vaciamiento y el daño ambiental manteniendo inalterables las políticas hidrocarburíferas de la década del 90.