Por Gustavo Sarmiento para Tiempo Argentino
El Barrio Padre Mugica fue siempre codiciado por el macrismo. Sus tierras son enormes porciones de lotes en una de las zonas más caras de la Ciudad; y además resultan estratégicas, en el medio de los dos grandes corredores de perfil urbano privado que impulsa el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre Costanera Norte con el Distrito Joven y Costa Salguero, y luego el sur, con Puerto Madero, el futuro Barrio IRSA y su conexión con La Boca. Por eso, vecinos, vecinas y comerciantes de la ex Villa 31 encendieron las alarmas ante lo que consideran una nueva embestida disfrazada de “desarrollo económico” en barrios populares, con la ley aprobada el último jueves que incentiva la radicación de grandes empresas a cambio de beneficios impositivos. Y en el caso de la 31, lo harán sobre tierras que aún están en conflicto con Nación por la entrega repentina que realizó Mauricio Macri a CABA cuando fue presidente. Mientras tanto, el proceso de urbanización (dictaminado por ley) arrastra estancamiento y subejecuciones.
“Ley Farmacity”. Así apodó la oposición a la norma aprobada el jueves que le otorga eximiciones de Ingresos Brutos de hasta el 80% a las grandes empresas que se instalen en alguno de los cuatro barrios populares que tienen leyes de urbanización (la ex villa 31, la 20, la Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita). La firma cuyo titular durante años fue Mario Quintana, ex funcionario del gabinete nacional de Mauricio Macri, resultó ganadora de una licitación para instalarse en un par de estos barrios.
“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con llamativa celeridad un proyecto que favorece a empresas externas a los barrios y genera una competencia desigual entre esas empresas, favorecidas por las políticas públicas, y trabajadores y trabajadoras de la economía popular de esos barrios que, sin apoyo gubernamental, intentarán sostener sus actividades económicas”, apuntó la multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y al hábitat HABITAR.
La iniciativa no especifica ningún apoyo para el fortalecimiento de las actividades económicas que ya se realizan en los barrios populares, “negándoles incluso la posibilidad de inscribirse al registro previsto por la ley”. La norma estipula únicamente un cupo del 30% de trabajadores de estos barrios en las empresas que se instalen, aunque no es obligatorio. Solo contratarán gente ‘local’ si existen los “perfiles” requeridos por las empresas. Tampoco habrá capacitaciones.
“El proyecto no pone límites ni establece formas de control alguno a la enajenación de la posesión del suelo, los monopolios, el aumento del costo de los alquileres y del costo de vida en los barrios populares –añaden desde HABITAR–, por lo que en el mediano plazo se generarán desplazamientos de población que no podrá sostener la reproducción de su vida, tanto por el encarecimiento de viviendas, alquileres y consumos, como por la destrucción de sus puestos de trabajo, todo en abierta contradicción con las leyes de reurbanización que tienen como objeto la radicación definitiva de las y los habitantes y el desarrollo de sus actividades económicas”.
En la Ciudad existe una ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada en diciembre del 2020, que establece incentivos para que esos sectores puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización. “Esta ley que ya lleva casi dos años aprobada tiene nulo financiamiento, y por el otro lado Larreta se apura a aprobar estos beneficios para las grandes empresas, es muy evidente todo”, subraya María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y presidenta de UP CABA. Y remarca que la ley de integración productiva aprobada el jueves “es la última etapa para expulsar a los habitantes de los barrios populares, las familias que no van a poder sostener más sus negocios se irán a vivir a otros lugares”.
Además de los beneficios económicos y de la competencia desleal, organizaciones y vecinos denuncian que, en el caso de la villa 31, las firmas se ubicarán sobre lotes que Macri le entregó a Larreta y que están en conflicto, desde que hace dos años Alberto Fernández le solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que encare una auditoría, cuyos resultados aún se desconocen. Sofía González, comunera de la Comuna 1 donde se ubica el Barrio Mugica, advierte que esta ley “fue pensada para quedarse con las tierras de Nación que están en nuestro barrio. Larreta se las está dando a las grandes empresas, avanzan sin saber si es legal o no”. La referente de la ex Villa 31 enfatiza que “el gobierno de la Ciudad no puede adueñarse de tierras nacionales con una ley local. Estos terrenos están en litigio pero Larreta igual avanza. Una vez que las grandes empresas ocupen las tierras ¿Quién las va a sacar de ahí?”.
Mientras tanto, la urbanización del barrio que se iba desarrollando hasta 2019 “fue menguando de manera sostenida”, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicado esta semana. Sostienen que las fuentes oficiales consultadas “carecen de datos precisos acerca de la cantidad de hogares sobre los que impactan en forma directa las obras de la reurbanización”. Y que para las vecinas y vecinos consultados el plan de obras de la Ciudad “no ha mejorado su acceso a los servicios básicos, a la vivienda de calidad y a los equipamientos educativos, de salud y espacios públicos”. Las obras (que tuvieron una subejecución de casi el 50% en estos años) fueron más beneficio para grandes empresas constructoras que para las cooperativas locales, que solo participaron en el 22% de los trabajos de urbanización. Además, como sucedió con la ley de integración productiva, la población de la 31 no es consultada: “los y las habitantes del barrio tienen un muy bajo acceso a datos actualizados sobre el avance de la reurbanización”.
