Lozano: “La detención de Omar Scarel, hoy presidente de Vicentín, y ayer contador de la empresa, es una demostración más de la estafa que este grupo empresario perpetró sobre el conjunto de la sociedad argentina, sobre productores, Banca Pública y cooperativas, sobre la base de ocultar información. Concretamente ocultar el creciente nivel de endeudamiento, que sostuvo el funcionamiento de la empresa en el marco de la derivación de recursos por fuera del negocio, alimentando la compra de empresas en otras actividades y alimentando fortunas de los dueños de Vicentín fuera del país.
Claramente, el contador Scarel tuvo que ver con los balances fraguados de los años 2017, 2018 y también del 2019. Balances que han sido denunciados por el Banco Nación ante la Justicia, como balances falsos, y que han puesto incluso como parte de la discusión, el papel que cumpliera la consultora KPMG que es la que actuó como auditora de los balances de la empresa Vicentín hasta el año 2018, apartándose recién en el 2019, cuando queda claro que ya en el 2018 se ocultaron parte de los pasivos que Vicentín estaba acumulando.
Este es un elemento más, indicativo de la estafa, e indicativo también de que existen todas las condiciones para intervenir mediante la política pública, para evitar que se consume lo que hasta el momento se viene tratando de urdir en el marco del concurso de acreedores. Que con la mirada absolutamente benigna del juez Lorenzini viene intentando que Vicentín quede como socio minoritario de un nuevo consorcio integrado por Glencore, viejo socio histórico de Vicentín, junto con la empresa Bunge y la Asociación Cooperativas Agropecuarias ACA, que ese trío, junto con Vicentín en términos minoritarios, se quede con la empresa Vicentín, estableciendo dos características. La primera un desguace importante de la empresa, y en segundo lugar un proceso de extranjerización, sobre todo de aquella empresa sobre la cual Vicentín tenía el dominio de la mitad, que es la empresa Renova, verdadera joya del Grupo empresario Vicentín, una empresa de nivel mundial que ciertamente era la que le garantizaba al Grupo empresario, más de la mitad de las utilidades que el Grupo obtenía hasta el año 2018.
Están todos los elementos sobre la mesa para terminar con este fraude. Es necesario una política del Estado que articule los derechos que tiene a través del Banco Nación y el resto de la Banca Pública, para, en el marco de un acuerdo con cooperativas o productores agropecuarios establecer la posibilidad de una empresa testigo en el comercio exterior de granos en la Argentina.
